Honduras, una nación hambrienta de justicia y dignidad.

Marco Aurelio Laínez Zelaya 

Una nación que ha estado inmersa en una prolongada y profunda crisis, es una nación ávida de cambios positivos. Esas legítimas y apremiantes aspiraciones parten del dolor, de la frustración y el abatimiento que produce el vivir diariamente luchando en desventaja contra la pobreza y sus variadas manifestaciones, tales como, la falta de empleos, el auge de la criminalidad y el consiguiente clima inseguridad pública, la escasa cobertura y la deficiente calidad de los servicios públicos de educación y salud, el desamparo jurídico sufrido a manos de los mismos responsables de impartir justicia, la desintegración familiar y sus secuelas a causa, principalmente, del incontenible éxodo de jóvenes que buscan en el extranjero la satisfacción de los derechos que en su propio país le son negados. 

Quien como gobierno se proponga seria y  sinceramente revertir la situación de una nación con estas indeseables características, debe ser, además de valiente, un convencido prospecto de mártir popular. El simple anuncio de  planes a desarrollar para procurarle al pueblo justicia y equidad, será tomado por los sectores poderosos acostumbrados al saqueo de los fondos públicos y al lucro ilícito, como una declaratoria de guerra, para la cual, les sobra recursos, asesores, instructivos y estratagemas, defensores y voceros bien pagados. Y como si con este tipo de enemigos no fuera suficiente para dificultar todo cambio y avance en pro del bienestar del pueblo, los gobiernos corruptos, antes de entregar el poder, se encargan de dilapidar hasta el último centavo de las arcas nacionales, contraen empréstitos, firman concesiones y suscriben contratos de último momento para impedir o dificultar el buen desempeño del nuevo gobierno y continuar ellos y sus empresas, lucrándose con el dolor y la explotación del pueblo. 

Cuando se intenta rescatar el rumbo errado de una nación, se debe partir prioritariamente, diagnosticando la realidad nacional y elaborando un plan de desarrollo integral para mediano y largo plazo. Entre las acciones a emprender en el plazo inmediato  estarán comprendidas la actualización del marco jurídico y la contratación para cada área, de personal altamente calificado y comprometido con los objetivos y metas a cumplir. De carácter impostergable será también el combate generalizado a la corrupción y a la delincuencia.  Y mientras se concretan los resultados de mediano y largo alcance, se deben obtener con prontitud los recursos necesarios para dinamizar los servicios públicos y aliviar de algún modo las necesidades básicas de la población más pobre. 

Nada es fácil cuando de rescatar a una nación se trata. Duras batallas hay que librar contra la arraigada cultura de privilegios, enriquecimiento ilícito y corrupción. Pero, por muy desastrosa que sea la realidad que se enfrenta, un gobierno capaz y honesto puede, en el primer año de gestión, sentar las bases sólidas para emprender luego, la marcha hacia un desarrollo nacional con equidad y justicia.