Marco Aurelio Laínez Zelaya.
Dígalo quien lo diga, háblese de lo que se hable, Honduras parece condenada a seguir arrastrando por largo tiempo, la deshonrosa calidad del país más subdesarrollado del habla hispana.
De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal), titulado “Desarrollo social inclusivo", Honduras sigue ubicado en el puesto número uno entre los países con mayor porcentaje de población en condición de pobreza, con 60%, seguido de Guatemala (54%), México (52.3%) y Bolivia (45%).
Según el mismo informe, seis de cada 10 hondureños viven en pobreza.
Por su parte el Instituto Nacional de Estadística (INE), informó que durante el año 2014, un 78.4% de los hondureños se encontraban en edad apta para trabajar (6, 521,491); de los cuales, un 56.0% ( 3,655, 099) constituían la fuerza laboral o Población Económicamente Activa (PEA).
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el 40.2% de la PEA, corresponde a subempleados (1,469,349 personas ) que perciben ingresos menores al salario mínimo y otros 600,000 cuyos ingresos andan por el mínimo legal. En otras palabras, únicamente 1,585,750 de hondureños perciben ingresos mayores al nivel de subsistencia.
¿Qué tan justo resulta el monto del salario mínimo?
Para respondernos la interrogante previa, apelaremos a un estudio mundial realizado por la compañía inglesa, MoveHup, que determina el porcentaje de cobertura de necesidades básicas logrado con el salario mínimo, para una familia de cuatro personas.
Los niveles más deficitarios los poseen algunos países africanos, tales como: Uganda, donde se necesita un 275,86% del salario mínimo para adquirir una cesta alimenticia básica. Le siguen Etiopía (257,24%), Kenia (215,04%) y Zimbabue (188,80%).
En el extremo más equitativo, se encuentran: Catar (2,62%), Macao (3,66%) y Kuwait (4,38%).
En el continente americano, Estados Unidos posee la canasta más económica, la que puede adquirirse con el 7.3% del salario mínimo.
En Centro America, con 16.45%, Panamá figura en la mejor posición. Guatemala le sigue con el 27.03%, luego Costa Rica con 29.8% y El Salvador 49.98%. Mientras que en Honduras, a pesar de tener el segundo salario mínimo más alto de la región, a consecuencia del nivel de los precios locales, para adquirir la canasta básica, se precisa invertir el 100.54% del salario mínimo.
La patética situación socio económica de Honduras se percibe claramente al conocer que la población en extrema pobreza sobrepasa el 40%, y que un 24% de los hondureños viven en hogares cuyo ingreso percápita diario, es inferior a un dólar.
Más desaliento genera saber, que existen poblaciones rurales en las que se duplican estos mismos indicadores.
No hace falta continuar citando alarmantes cifras e indicadores, para prever los devastadores efectos que la crisis económica produce en la sociedad hondureña, sacudida a diario por una creciente ola de violencia, criminalidad y homicidios.
Las pocas oportunidades de trabajo, el escaso acceso a servicios públicos adecuados de educación y salubridad, el ambiente de inseguridad y el desamparo jurídico en que vive la mayoría de la población, ha disparado por miles, la cantidad de hondureños, que arriesgando hasta la vida, emigran al extranjero. Según algunas estimaciones, el éxodo de hondureños que buscan establecerse en el extranjero, anda en un rango de 80 a 100 mil anualmente.
Visto de esta manera, cualquiera podría erróneamente suponer que hablar de Honduras es hablar de un país muy pobre. Crasa equivocación sería llegar a esta conclusión. Sin ser una potencia económica, nuestro país, cuenta con una vasta riqueza natural, una envidiable posición geográfica en el centro de América, privilegiado acceso a los dos grandes océanos; y sobre todo, una población relativamente joven, ansiosa de oportunidades y dispuesta a luchar por su propia superación .
Lastimosamente, para los sectores más desfavorecidos de la población hondureña, el poder político y económico de la nación ha estado desde siglos, en manos de una cúpula habituada a privilegios de todo tipo, a la manipulación antojadiza de los poderes públicos y al saqueo inmisericorde de los recursos nacionales.
En arcaica alianza, un reducido grupo de familias, ha ido copando los principales espacios económicos y políticos del estado, hasta llegar a convertir a Honduras en el país latinoamericano con mayor disparidad entre ricos y pobres.
Oxfam, confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan junto a organizaciones socias y comunidades locales en más de 90 países, presentó en septiembre del 2015, en Lima, Perú, su último informe: Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe.
El análisis realizado por Oxfam demuestra que la brecha de ingreso es escandalosa y que hay una concentración extrema de la riqueza, que limita el crecimiento y la lucha contra la pobreza. En Honduras, por ejemplo, un multimillonario ingresa anualmente 16,460 veces lo que gana una persona situada en el 20% más pobre de la población. En promedio, el ingreso anual de los multimillonarios latinocaribeños es 4,846 veces mayor que el ingreso de los más pobres en la región.
Rosa Cañete Alonso, coordinadora de la campaña IGUALES de Oxfam en América Latina y el Caribe, expuso durante la presentación del informe, entre otras acotaciones, que: La concentración de riqueza va unida a la de poder, se está produciendo un “secuestro de la democracia” en el que los Estados dejan de estar al servicio de las necesidades de la ciudadanía, mientras las élites políticas y económicas cooptan las instituciones democráticas y utilizan los recursos públicos para su propia ventaja”.
El informe detalla múltiples casos que muestran cómo opera el secuestro de la democracia en la región, lo cual fortalece las brechas de desigualdad. Algunas situaciones que lo ilustran son: el ejercicio de la influencia a través de lobby ilegítimo, para la definición de políticas; la corrupción en la asignación irregular de contratos; la sobrevaluación de obras o venta de terrenos estatales subvaluados; y el clientelismo, que se manifiesta en compra de votos, contratación de empleados públicos dependiendo de su adscripción política, u otorgamiento de servicios públicos como favores. Algunas de estas formas de secuestro de la democracia son ilegales y otras son legales, pero todas ellas son ilegítimas.
“La desigualdad no es inevitable, es el fruto de decisiones de los gobiernos que pueden revertirse si hay voluntad política. Por eso venimos insistiendo desde hace tiempo en las soluciones que han probado su éxito y que siguen siendo urgentes, especialmente ahora, ante la desaceleración económica de América Latina y el Caribe. Las democracias deben garantizar que el Estado responda ante los intereses y necesidades de la mayoría de la ciudadanía, es necesario garantizar los derechos de todos ante los privilegios de unos pocos”, remata Cañete.
Es muy romántico y tentador suponer que mediante simples procesos electorales el pueblo oprimido tome el poder y desde allí realice las transformaciones políticas y económicas a que tiene pleno derecho. Solo una ciudadanía bien educada y organizada, con voluntad de sacrificio, puede contrarrestar, la enorme concentración de recursos de los que se valen las élites para mantenerse en el poder: prensa, partidos políticos, recursos económicos, administración viciada de los poderes y las políticas públicas, despliegue de cuadros represores y la creación de un clima generalizado de violencia, que privilegie la polarización ideológica y a la fuerza bruta como manera válida para saldar las diferencias.
