M. A. L. Z.
No solo es necesario, sino urgente el poner un punto final a la injusticia legalizada que en materia fiscal, por siglos ha imperado en Honduras. No podemos continuar con el privilegio extremo del unos pocos, pagado con el sacrificio, el sudor y la sangre de todo un pueblo.
Con la nueva ley, ni se busca ni se intenta un cambio de sistema económico, tal como tendenciosamente pregonan los que siguen subestimando la capacidad racional de nuestro pueblo. Craso error el de aquellos que, urgidos por conservar sus prebendas y por sus ambiciones políticas, pretenden desligitimar el proyecto de Justicia Tributaria, dedicándose sistemáticamente a cuestionar lo incuestionable, a vaticinar para Honduras el mal de otros pueblos, a desear con ahínco el fracaso del gobierno como ente administrador de los recursos nacionales. Con sus avariciosos cálculos, concluyen estos oscuros personajes, que para ganarse el favor del pueblo les basta y sobra con su chirriante cacareo de aves de mal agüero. Afortunadamente, se les conoce a cabalidad, aún portando el mejor de sus carnavalescos disfraces de defensores del pueblo: sus sedosas manos desconocen el árduo quehacer del obrero y del campesino, el lustre de sus zapatos habla tan solo de alfombrados recintos y de confortables automóviles. En ninguna cinta de audio y vídeo se escuchará el timbre de su voz protestando por crímenes de lesa humanidad cometidos desde siempre por los órganos represores del estado, ni una tan sola fotografía atestigüa su compromiso acompañando al pueblo en sus marchas reivindicativas.
Es comprensible que la minoría privilegiada se oponga al proyecto de ley referido. Con el argumento de la inversión y la generación de empleo lograron ubicar a sus empresas en un Régimen de Importación"Temporal" (RIT) y de Zona Libre (Zoli), por el que, la importación de equipos, maquinarias e insumos se hace libre de impuestos, así como también, disfrutar de exención de impuestos municipales y el no pago del 15% del Impuesto Sobre Ventas (ISV) en la compra de bienes y servicios para la industria.
La revisión en marcha a este régimen de exenciones fiscales es prioridad nacional, ya que tal como está siendo aplicado, desnaturaliza su vigencia temporal y facilita la evasión de impuestos.
Como bien se sabe, hay empresas que vienen disfrutando de este paraguas fiscal, desde hace más de 35 años y tienen, además, asegurada su aplicación por otros quince o más años. Vale, entonces, preguntarnos en donde termina la razonable temporalidad de dicho régimen. Contrario a aceptar por las buenas la temporalidad de los beneficios tributarios, hay entre estos empresarios algunos que buscaron ampliar y perpetuar sus privilegios, incluyendo a sus empresas en las nefastas "Ciudades Modelos " o Zedes.
Si cualquier empresa bien constituida y bien administrada puede alcanzar su punto de equilibrio y consolidarse financieramente entre cinco a diez años, es inobjetable concluir que, mantener vigente un plan de exenciones fiscales más allá de una década, es igual a legalizar la evasión fiscal, dejando en clara desventaja competitiva a otros empresarios excluidos de similar trato. Y es además, para el estado hondureño, una condena perpetua de déficit fiscal y de desprotección social para la población más vulnerable.
Bienvenida sea, pues, la Justicia Tributaria.
